El trabajo está divido en tres partes en las que se recogen los aspectos que provocan la insostenibilidad del modelo de movilidad urbana; un análisis de la demanda de movilidad de Andalucía según los estudios y estadísticas disponibles y un análisis de la política de movilidad que se están poniendo en marcha en la Comunidad Autónoma.

Los investigadores responsables del informe, Carmen Lizárraga y Alejandro Luis Grindlay, de la Universidad de Granada, han realizado un análisis cualitativo que relaciona el coste monetario y político de sus propuestas con la eficacia de cada una de ellas. 

En concreto, la investigación propone diecisiete medidas entre las que destacan la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía, la creación de un Observatorio de Movilidad Metropolitana de Andalucía, la intermodalidad entre transportes (transporte público-  escolar y transporte público urbano-metropolitano) así como la mejora del transporte público y el fomento de su uso además de la apuesta por la bicicleta como medio de transporte, entre otras.