Por Lorena Muñoz
Francisco Estepa es diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Cádiz y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y doctor en esa misma especialidad por la universidad gaditana. La evaluación ciudadana de las políticas sociales y servicios públicos es su principal línea de investigación dentro del grupo ‘Economía, empresa y sociedad'. Desde el 2005 ejerce de profesor en la UCA en el Departamento de Economía General bajo el área de Sociología. Entre sus publicaciones destacan las publicadas en ‘International Journal of Contemporay and Applied Studies of Man' así como en la Revista española de investigaciones sociológica (REIS) y en Ediciones académicas S.A. sobre capital social o vidas en la pobreza.
Ha logrado el tercer premio tesis por un estudio del proceso de implantación de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) en la Comunidad andaluza, prestando atención a los discursos y prácticas tanto de los responsables políticos y técnicos implicados en su gestión, como de los usuarios. La investigación se localiza en la provincia de Cádiz por ser una de las provincias españolas con mayores índices de pobreza y exclusión, en concreto, en los tres municipios de más de 20.000 habitantes que mayor número de beneficiarios concentra: Jerez de la Frontera, San Fernando y El Puerto de Santa María.
P. ¿Qué le motivó a escoger el tema de la Tesis?
R. Esta investigación está motivada por una serie de interrogantes de naturaleza jurídica, sociológica y política en torno a las políticas de ingresos mínimos en las sociedades postfordistas, caracterizadas, entre otras cuestiones, por la cronicidad de notables niveles de paro. No son pocos los que temen, entre los que me incluyo que, tras el debate sobre la renta mínima de inserción se dé por supuesto que, pese a una cierta recuperación económica del sistema, las situaciones de marginación y pobreza no disminuirán. Los informes de determinados expertos dicen que, más bien, van a aumentar (no hay tarta para todos porque algunos trozos deben ser necesariamente muy grandes).
P. ¿Qué son las Rentas Míninas de Inserción y por qué son necesarias?
R. El actual contexto de crisis y las políticas de corte neoliberal, que han generado grandes desigualdades y bolsas de exclusión social, ha favorecido el debate sobre la necesidad de implantar de medidas de protección social más sólidas. La Renta Básica Universal (RBU) y las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) son dos tipos diferentes de política social. Una Renta Básica (RB) es un pago que el Estado realiza mensualmente a cada ciudadano, de forma individual, incondicionalmente e independientemente de cualquier otro ingreso que pueda disponer. Las RMI, en cambio, son prestaciones económicas concebidas para que ningún ciudadano se quede sin nada para vivir y marcan un nivel mínimo de la protección social. Desde mi punto de vista es necesario una reformulación urgente de las mismas por las diferentes Comunidades Autónomas, para convertirlas en herramientas eficaces de protección social, en un sistema de garantía de ingresos con una verdadera incidencia sobre la pobreza extrema.
P. ¿Cree que las Rentas Mínimas de Inserción deben ser una medida transitoria y temporal hasta que mejora la situación económica?
R. No sólo no creo que deban ser una medida transitoria, sino que debido al abandono de la perspectiva de pleno empleo con trabajos en condiciones dignas (en el mejor de los casos a corto plazo), motiva que se deba pensar sin prejuicios en la política social. La nueva coyuntura ha provocado que el debate en torno a la Renta Básica haya adquirido una enorme proyección social, y haya salido de los ámbitos académicos y activistas más restringidos en los que se desarrollaba. Me inclino a la defensa de la instauración de una renta básica de una cantidad igual o superior al umbral de la pobreza de la zona donde se implantase ya que supondría una independencia socioeconómica, una base autónoma de existencia mucho mayor que la actual para buena parte de la ciudadanía, sobre todo para los sectores de la ciudadanía más vulnerables y más dominados en las sociedades actuales (buena parte de los trabajadores asalariados, pobres en general, parados, mujeres, etc.).
P. ¿Cree que llegará algún día en el que sean innecesarias gracias a un mayor y mejor reparto de la riqueza?
R. Es una verdadera utopía pensar en un mejor reparto de la riqueza actualmente. Los problemas sociales requieren un análisis que vaya más allá de una perspectiva puramente económica. Desde el discurso neoliberal se culpa al individuo de su situación social, convirtiéndose esta ideología en una eficaz y articulada respuesta política concebida por las clases dominantes globales para disciplinar y restaurar los parámetros de explotación. Se obvia, por ejemplo, que el desempleo está originado por factores sociales como el cambio tecnológico, la división internacional del trabajo con la globalización, las políticas económicas o la preeminencia del capital financiero sobre el productivo. Asimismo, en el actual contexto de crisis las políticas de austeridad están remodelando el sistema del Estado del Bienestar y rompiendo el equilibrio entre trabajo y capital, que existió en el periodo en que dicho modelo social fue configurado. En otras palabras, la crisis económica se está utilizando para consolidar un nuevo modelo en los ámbitos político, económico, social e incluso cultural.
P. En su tesis ha abordado el punto de vista desde distintos actores. ¿Hay muchos mitos en torno a las personas que se benefician de las RMI? ¿Cuáles? ¿Son verdaderos o falsos?
R. La perspectiva teórica que proponemos en esta tesis doctoral sostiene que las estrategias individuales y familiares de los usuarios de las RMI no se desarrollan en un vacío socio-cultural, sino que se basan en creencias prácticas y morales que son influenciadas por las estructuras sociales y están estrechamente relacionadas con la posición de clase, el género o la etnicidad. Las personas que viven en la pobreza no asumen con pasividad su situación. A pesar de carecer de empleo, suelen ser muy activos en la búsqueda de recursos a partir de diversas fuentes y salir adelante. Sus prácticas forman parte de estrategias - más o menos elaboradas, conscientes o inmediatas - diseñadas a partir de su particular lectura del contexto en el que viven. Las personas entrevistadas se plantean objetivos realistas y desarrollan planes a corto, medio y/o largo plazo, a partir de los recursos de que disponen, para sobrevivir y mejorar sus vidas y las de su familia.
P. ¿Cuáles son esas estrategias?
R. Hemos registrado once estrategias: apoyo familiar; de administración; de diversificación; de formación o capital cultural; matrimonial; intergeneracional; de economía informal; asistencial; de capital social o relacional; de capital político (que vendría a ser un subtipo dentro de la estrategia anterior); y migratoria. Se ha entrevistado a usuarios que buscan activamente empleo e incluso apuestan por el auto-empleo. Otros han perdido toda expectativa de encontrar un empleo a consecuencias de su condición de "discapacitado", optando por la estrategia asistencial. Otros usuarios de las RMI, por ejemplo, depositan su confianza en los estudios de sus hijos, expresando un sueño de movilidad social inter-generacional, o la elección de pareja ha sido otra forma estratégica para asegurar su supervivencia.
P. ¿Existen diferencias por clase o género?
R. Las variables clase, género y etnicidad (o nacionalidad) son fundamentales para comprender las estrategias. Aunque todos los sujetos, al disfrutar de las RMI, se encontraban en situación de pobreza, su origen de clase era distinto. La principal distinción se encontraba entre aquellos que habían caído en la pobreza como consecuencia de la crisis económica de 2008 o de algún acontecimiento repentino (como un divorcio o el fallecimiento del sustentador principal familiar). Las diferencias de género también se ven reflejadas. Las mujeres no sólo eran las que más acudían a los Servicios Sociales en busca de ayuda directa, sino que también figuran como principales solicitantes de la prestación analizada. Esto refleja la feminización de la pobreza, no porque la pobreza afecte más a mujeres que a hombres, sino que son las mujeres las que tienden a implicarse más activamente en la búsqueda de soluciones. También se refleja en los sentimientos experimentados por los sujetos ya que es una característica común. El hecho de ir a los servicios sociales o a ONG que reparten alimentos, de depender de ayudas de familiares, en definitiva, de no ser autosuficientes, es vivido por estas personas como una vergüenza.
P. El 1 de enero, la Junta de Andalucía comenzó con su programa para combatir la pobreza. De 2018 a 2021 se beneficiarán 120 mil personas con 200 millones de euros al año ¿Cómo valora esta medida?
R. Andalucía es de las Comunidades Autónomas con las rentas más bajas de España y precisamente una de las Comunidades que más restricciones imponía sobre la prestación. Si analizamos cuantitativamente la medida se antoja una medida insuficiente, incapaz de cubrir a todas las personas que se encuentran en situación de necesidad, incumpliéndose por ello la propia definición de RMI. Desde mi punto de vista, y tras los cálculos realizados, la medida económicamente hablando, será insuficiente y no cubrirá a todas las personas y familias que se encuentren en situación de necesidad. Dicho lo cual, no cabe duda que es de celebrar la apuesta llevada a cabo en Andalucía sobre la RMI, el aumento presupuestario para 2018 y hasta 2021 de esos 198 millones de euros es un avance innegable (aumentará la cuantía, establecerá en 12 meses prorrogables la prestación, disminuirá supuestamente la tardanza administrativa, hará efectiva en teoría la inserción a través de formación e inclusión laboral...). Hay que tener cautela, dar tiempo a la medida para así poder dar un veredicto más acertado al respecto. El análisis de la medida aprobada por la Junta de Andalucía se encuentra en mi horizonte de investigación, una vez que haya transcurrido al menos un año desde su implantación.
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