Por Eva de Uña
Jaime Jover Báez es Doctor en Geografía (2017) y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (2013) por la Universidad de Sevilla. Entre 2012 y 2016 fue becario de investigación en el Departamento de Geografía Humana de la misma Universidad, impartiendo clases de geografía rural y urbana, pensamiento científico en geografía, patrimonio y paisaje o planeamiento urbanístico. Su campo de estudio es la geografía urbana, con ramificaciones en las geografías social y cultural y en la teoría urbana crítica.
Su trabajo ‘Volviendo al centro histórico. La recuperación diferencial del patrimonio y su supeditación a dinámicas urbanísticas. El caso de Sevilla' ha sido reconocido por el Centro de Estudios Andaluces con el segundo premio Tesis Doctoral en su XIII edición. Un análisis, de plena actualidad en las ciudades andaluzas, que pone de manifiesto la tensión que se establece entre las dinámicas urbanas y los procesos de construcción patrimonial en los centros históricos.
P.- Los resultados de su tesis confirman la supeditación de la protección del patrimonio a las dinámicas urbanísticas, basadas fundamentalmente en el sector inmobiliario y turístico. Hoy día existe en las ciudades andaluzas un importante debate en torno a estas cuestiones, denunciando fenómenos como la turistificación o la gentifricación. ¿Cómo es en el caso de Sevilla?
R.- No observo que el Ayuntamiento de Sevilla tenga alguna estrategia frente a la turistización. Hace unos días los empresarios del sector hablaban del riesgo de saturación turística en la ciudad, y el alcalde lo desmintió, al afirmar que en "Sevilla caben más turistas". Si esos turistas estuvieran repartidos por toda la ciudad, esta consideración quizá tendría sentido. Pero la realidad es que se concentran en el centro histórico y Triana, donde están aumentando los precios de bienes básicos y alquileres, expulsando a vecinas y comercios "de toda la vida" y generando conflictos a causa del ruido o por la ocupación del espacio público. La pérdida del tejido social de estos barrios es preocupante y, además, contradictoria con la actividad turística, porque se pierde un componente de autenticidad urbana que es uno de los productos que "vende" Sevilla como destino cultural. A mi parecer, se está generando una burbuja turística. Me parece muy peligrosa la dependencia casi monopolística que se está creando de un sector tan volátil. El debate está en la calle, de hecho hace poco diferentes asociaciones vecinales y colectivos montaron un encuentro sobre turistización, resistencias y alternativas donde se abordaron estos temas.
P.- En su trabajo se habla del patrimonio material pero también reivindica el de carácter inmaterial, los valores intangibles singulares. ¿Cree que existe sensibilidad en la administración pública y en el ámbito privado en relación a este último concepto?
R.- No, lamentablemente todavía hay poca sensibilidad y no está al mismo nivel que el patrimonio material. Ni siquiera dentro de éste hay simetría, porque no se valora igual un monumento que un conjunto histórico. Por eso planteo en mi tesis una teoría sobre la dimensión espacial del patrimonio, donde convergen en pié de igualdad aspectos materiales e inmateriales. El centro histórico es el mejor ejemplo ya que comprende todo tipo de arquitecturas, y también sus calles y plazas, sus habitantes, sus costumbres, formas de relacionarse, etcétera. Con el patrimonio intangible, el asunto es que está vivo y, en mi opinión, puede ser incómodo para los poderes fácticos, públicos o privados, al no poder controlarlo. Sin embargo, es una idea muy atractiva por los beneficios económicos que se extraen. Por ejemplo, el flamenco, desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad se ha popularizado todavía más, y Sevilla lo usa como parte de su promoción turística global. Ahora bien, ¿cómo se tratan los verdaderos espacios del flamenco en la ciudad? ¿dónde quedó la memoria, fundamentalmente gitana, del flamenco en Triana o en la Alameda? De igual forma se puede hablar de la Casa del Pumarejo, que es un bien cultural tan material como inmaterial, pero precisamente esa parte inmaterial es incómoda, porque es reivindicativa y no se casa con ningún partido político. El resultado es que llevan exigiendo un programa de actuación para intervenir en el edificio de manera participativa y respetando la vida del palacio hace años, y todavía nada, mientras las inquilinas se hacen mayores y la casa se deteriora lentamente.
P.- Respecto a la evolución de los centros históricos y su transformación en "escaparates" o espacios de consumo ¿Qué papel han desarrollado los movimientos sociales y vecinales en la denuncia de esta metamorfosis del corazón de la ciudad? ¿Han alcanzado algunos logros?
R.- Se han conseguido logros parciales. Para la historia de la ciudad queda la movilización contra la Expo de 1992, no solamente por denunciar que la efeméride celebrada estaba impregnada de imperialismo y colonialismo, sino por generar conciencia sobre la especulación y efectos negativos en determinados barrios. Durante la primera ola gentrificadora en el casco norte a finales de los noventa también existió una movilización que, en mi opinión, consiguió frenar aspectos del proceso que de haberse producido, habrían supuesto una incidencia todavía mayor. El aparcamiento subterráneo en la Alameda es posiblemente el mejor ejemplo. Otro movimiento que ha conseguido victorias, normalmente más simbólicas que materiales, es el okupa. Si no llega a ser por algunos centros sociales, el debate sobre la gentrificación, la especulación o la transformación de la ciudad en una marca no se habrían producido con la misma intensidad. Pero es evidente que son pequeñas aportaciones en un contexto de capitalismo transnacional e ideología neoliberal que tiene una fuerza tremenda. Ahí está la Torre Pelli, que ahora se intenta blanquear como "Torre Sevilla", o las "Setas" de la Encarnación, a pesar de la oposición ciudadana que sufrieron. Y no porque sean arquitecturas modernas y los movimientos sociales sean precisamente conservadores, se trata más bien de justicia social. Mientras se gastaban millones en estos mega-proyectos y en estrategias de marketing urbano en tiempos de crisis, ha crecido la desigualdad, la precariedad o la pobreza en otros barrios de la ciudad.
P.- En la tesis también realiza un repaso de las diferentes estrategias públicas de protección del patrimonio histórico que se han desarrollado en Sevilla desde los años setenta hasta la actualidad. ¿Cuáles cree que deberían ser las líneas futuras de actuación de los gestores públicos en la protección de los centros urbanos?
R.- Creo que cualquier actuación pública pasa primero por una profunda reflexión que lleve a cuestionar el mercado libre como la panacea universal. En las últimas décadas se ha construido un estado mental que ha equiparado o incluso puesto por encima a la economía de mercado sobre la democracia y los derechos fundamentales. Entre otras fantasías, parece que se ha instaurado la creencia de que el libre mercado redistribuye los recursos equitativamente, cuando es falso: sin intervención pública no hay efectiva igualdad, y tampoco protección de los centros históricos. Una cuestión que en apariencia es abstracta afecta directamente a la conservación de los espacios patrimoniales, en mi tesis se demuestra que si no es por el trabajo de la comisión de patrimonio, buena parte del centro histórico se habría perdido. Eso contando con que, en mi opinión, el trabajo de esta comisión está lejos de ser ejemplar, especialmente en determinados momentos. Hecho este cuestionamiento previo, creo que el Ayuntamiento debe replantearse la política de vivienda pública en el centro, apostando por la rehabilitación de edificios singulares para alquiler social, con la idea de mantener la heterogeneidad socio-cultural y combatir la especulación y la gentrificación. Un mayor control de la oferta turística, especialmente de los pisos turísticos en inmuebles residenciales, resulta clave en estos momentos. Aquí el Ayuntamiento debe coordinarse con la Junta de Andalucía, que por ejemplo en el ámbito de la rehabilitación también podría blindar el deber de conservación en la nueva legislación urbanística y ofrecer incentivos fiscales a los propietarios de edificios catalogados.
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