03 ene 2013

Las ponencias del seminario sobre ‘Justicia y violencia de género en Andalucía’, disponibles para la descarga

Profesionales del ámbito jurídico y social analizaron los límites y los logros alcanzados con la implantación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género

El Centro de Estudios Andaluces celebró en Córdoba el seminario ‘Justicia y Violencia de género en Andalucía. Un análisis legislativo y de la realidad socioeconómica' un encuentro en el que distintos expertos analizaron el desarrollo de la Ley

Las intervenciones de este seminario ya se encuentran disponibles para su descarga en un documento que recoge las ponencias de tres de los participantes en esta cita a la que asistieron más de un centenar de personas. En concreto, se trata de los textos de Borja Jiménez Muñoz,  fiscal delegado contra la violencia de género en Córdoba; Carlos Serra Uribe, inspector jefe de la Policía Nacional y jefe del Servicio de Atención a la Familia y María Isabel Martínez Martín experta en análisis de género y socia de Abay Analistas Económicos.

La primera de las ponencias es La violencia sobre la mujer: un análisis para el futuro' de Borja Jiménez Muñoz, fiscal delegado contra la violencia de género en la Fiscalía de Córdoba. En el texto realiza una introducción sobre qué se entiende por violencia hacia la mujer desde el prisma jurídico-penal. Según el autor "el legislador optó en un periodo entre 1989 y 2004 por, primero crear y después reforzar la dimensión penal de la violencia sobre la mujer, de modo que un periodo de quince años se pasó de la ausencia absoluta de tipos penales que castigasen la violencia de género y la violencia familiar, a contar con unos tipos penales y una legislación procesal que ha transformado en gran parte la administración de justicia, las funciones de los abogados, la visión de las víctimas". Un proceso que tuvo su punto culminante en la Ley 1/2004.

El fiscal se pregunta si ha servido la legislación expuesta para prevenir estos delitos y disminuir la violencia sobre la mujer, cuestión a la que responde de forma negativa. "A mi juicio no, pero ello no quiere decir que las medidas adoptadas, las leyes promulgadas y las reformas emprendidas no hayan merecido la pena".

El segundo de los textos es ‘Violencia de género: actuación policial y protección de víctimas', obra de Carlos Enrique Serra Uribe, doctor en Derecho Constitucional, inspector jefe de la Policía Nacional y jefe del Servicio de Atención a la Familia. Serra Uribe se detiene en la delimitación y diferencia de la violencia doméstica y la violencia de género, en las consecuencias que tiene ésta segunda para las víctimas, cuál es la respuesta del Estado, las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la materia, así como el sistema de seguimiento integral de asistencia a las víctimas y las órdenes de protección.

Por último, la consultora de Abay Analistas Económicos y experta en género, María Isabel Martínez Martín, desarrolla la ponencia ‘Los costes económicos de la violencia contra las mujeres'. La autora defiende la necesidad de conocer el coste ya que "la cifra es un argumento poderoso a favor de los programas preventivos, cuyo coste es muy bajo en comparación con el coste social de la violencia; mejora el conocimiento de los efectos y de los agentes implicados; y, por tanto, favorece el diseño de programas de prevención y atención más eficaces; favorece la difusión de la importancia del fenómeno como problema social y pone de manifiesto las lagunas estadísticas y la carencia de información adecuada para su seguimiento y valoración".

Entre las principales conclusiones que arroja el estudio presentado en el marco de este seminario cabe destacar que el coste anual vinculado al itinerario laboral de las víctimas representa el 30% del coste total (707 millones de euros); le siguen en importancia el itinerario social, que asciende a 628 millones de euros (27% sobre el total) y el itinerario de los hijos e hijas (590 millones de euros, el 25% del coste total). Los costes del deterioro de la salud física y mental de las mujeres se cifran en 371 millones de euros anuales (16% del coste total) y los costes jurídicos son los menores, 60,7 millones de euros (3% del coste total).

  • Las ponencias del seminario sobre ‘Justicia y violencia de género en Andalucía’, disponibles para la descarga

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