Las políticas públicas destinadas a favorecer la cohesión social están orientadas a la mejora y garantía del acceso de los ciudadanos a servicios básicos (educación, salud, etc.), a sus posibilidades económicas a través del empleo y a su nivel de integración y vinculación social. Sin embargo, la amplia gama de matices asociadas a este concepto dificultan una definición exacta, de modo que es fácil confundirlo con otros tales como bienestar social, igualdad, inclusión social o equilibrio territorial.
Las primeras propuestas para la medición de la cohesión social – destinadas a evaluar el efecto que la puesta en marcha de determinadas políticas y actuaciones produce en el grado de cohesión – fueron realizadas en el informe presentado por la Comisión Europea en la cumbre de Estocolmo de marzo de 2001. Este informe contempló siete indicadores. Posteriormente se presentaron y fueron adoptados por los estados miembros de la Unión Europea los indicadores conocidos como “Indicadores de Laeken”, que sin embargo, adolecen del inconveniente asociado a la naturaleza de los datos, con escasa información obtenida para las regiones europeas y la consiguiente interpretación y conclusiones referidas al ámbito estatal y europeo.
Este documento de trabajo, elaborado conjuntamente por investigadores del Centro Andaluz de Prospectiva, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y de las universidades de Jaén y Sevilla, propone una metodología que conduce a la construcción de índices orientados a la medición de la cohesión en cada región, tanto a nivel nacional como europeo. Su aplicación en el caso andaluz, permite aportar un análisis de los resultados alcanzados por la Comunidad en materia de cohesión, comprendiendo las dimensiones económica y social de la cohesión territorial.
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