El derecho de acceso a la vivienda es uno de los derechos fundamentales recogidos tanto en la Constitución Española (art. 47) como en el Estatuto autonómico (art. 25) y, sin embargo, continúa siendo uno de los principales problemas que acucian a la sociedad contemporánea, Los investigadores del Centro de Estudios Andaluces Miguel Agudo Zamora y María Dolores Montero Caro analizan cómo los poderes públicos, a nivel nacional y autonómico, respectivamente, han ido perfeccionado la legislación que regula la materia mediante la puesta en marcha de distintos planes generales y cómo estas políticas públicas han ido derivando en los últimos tiempos en una dimensión cada vez más social con el fin de dar cobertura con carácter prioritario a las necesidades planteadas por grupos sociales especialmente vulnerables, como los jóvenes. En este sentido, el informe se centra fundamentalmente en el nuevo Plan Concertado Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012, más orientado, según las conclusiones del estudio, a la protección de determinados colectivos que a la mera promoción de viviendas. El documento se completa con un capítulo monográfico dedicado al tratamiento de la vivienda en los informes del Defensor del Pueblo Andaluz como garante de la protección de este derecho, elaborado por la también investigadora de la Fundación, Susana Mérida Díaz.
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