Este informe reflexiona acerca de la necesidad de consolidar el Estado Social desde una perspectiva jurídico-constitucional. Elaborado por el profesor de Derecho Constitucional acreditado a catedrático de la Universidad de Córdoba, Miguel Agudo Zamora, el trabajo apunta al impulso de políticas públicas sociales y a la internacionalización de este modelo de Estado con objeto de "blindar" estos derechos.
Se trata, en definitiva, de avanzar en el reconocimiento y protección de determinados derechos sociales y su inclusión en el texto constitucional. Para Agudo, "el paso de futuro del Estado Social implica el reconocimiento y protección de determinados derechos sociales y su inclusión textual al máximo nivel posible de protección en los textos constitucionales, incluyendo en los mismos las fuentes de financiación de estos derechos de prestación".
El documento está dividido en tres amplios capítulos. El primero de ellos analiza el Estado Social en la Constitución española de 1978 deteniéndose en cómo se definen y cuáles son los derechos que están protegidos de forma directa. El segundo capítulo aborda el nuevo paradigma de Estado Social, dado que, según el autor, "a partir de la crisis económica de los años setenta, comenzó a hablarse de la crisis del Estado social, cuando el crecimiento económico disminuye y el Estado no puede hacer frente a las demandas sociales en imparable crecimiento".
El tercero de los capítulos de este trabajo se refiere a la reforma de la Constitución Española necesaria para garantizar los derechos sociales y se detiene en analizar la reforma de septiembre de 2011, la que considera como "una oportunidad perdida" para incluir referencias expresas al modelo social europeo, de «blindar» a nivel constitucional el Estado social ligándolo al principio, no sólo de estabilidad presupuestaria, sino también a los principios de solidaridad y cohesión social.
El número 74 de la colección Actualidad, que se presenta en el marco de un seminario que se celebra en Sevilla el 24 de febrero de 2016, detalla cuál debe ser el procedimiento de la reforma constitucional en España y propone un decálogo con las diez reformas necesarias que pasan por la cohesión social como objetivo fundamental y el blindaje financiero que asegure la viabilidad de los servicios públicos fundamentales y la financiación suficiente de las Comunidades Autónomas.
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