“El Brexit se ha revelado como una oportunidad para encauzar la necesaria cooperación transfronteriza entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar que seguirá presente con la salida del Reino Unido de la Unión Europea”. Esa es una de las claves que analiza este documento que deriva del proyecto de investigación concedido en la Convocatoria Pública de Proyectos de Investigación de 2019: ‘La incidencia del Brexit en la cooperación transfronteriza entre Gibraltar-Campo de Gibraltar y Andalucía’ (PRY2015/19).
Según los autores, uno de los avances significativos es “el reconocimiento como interlocutores válidos de las autoridades gibraltareñas”, ya que “las soluciones a los problemas comunes de las poblaciones que viven en la zona fronteriza requiere el reconocimiento como interlocutores de las autoridades competentes (territoriales y regionales), de ahí que sea imprescindible el diálogo entre el Gobierno de Gibraltar, la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar.
En la primera parte del informe, el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y titular de la Cátedra Jean Monnet de Inmigración y Fronteras de la Universidad de Cádiz, Alejandro del Valle Gálvez, y la profesora del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, Inmaculada González García centran su análisis en el Brexit y la cooperación transfronteriza con Gibraltar.
Este Brexit, “un fenómeno histórico”, según los autores, ha dado “inopinadamente a España una posición favorable respecto a Gibraltar que va a hacer valer en los dos tratados previstos para articular la salida del Reino Unido”. De un lado, el Tratado de Retirada de octubre de 2019 y de otro, el tratado de relación futura UE-RU y el Principio de acuerdo de España-R de diciembre de 2020 para un separado y futuro Tratado RU-UE sobre Gibraltar.
Los coautores de la segunda parte de este trabajo, docentes de la Universidad de Cádiz, Miguel A. Acosta Sánchez, profesor de Derecho Internacional Público y RRII, y Francisca Bernal Santamaría, del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, abordan el régimen jurídico y la protección social de los trabajadores fronterizos.
En su análisis destacan que hay “una clara apuesta por mantener los derechos de los trabajadores fronterizos en Gibraltar”, así como se ha establecido un marco de cooperación entre las partes a través del registro y verificación de los trabajadores fronterizos europeos en terceros estados y viceversa. En materia de Seguridad Social, los pasos legislativos dados han tratado de garantizar una retirada ordenada del RU y de proporcionar una seguridad jurídica a todos los afectados.
Los investigadores señalan que se trata de medidas temporales y sujetas al principio de reciprocidad, con la única excepción de las prestaciones por desempleo, además de destacar como “loable” que se fomente la movilidad de las personas trabajadoras. Concluyen que es necesario que se garantice y vele porque “siga existiendo una coordinación cada vez más estrecha y eficaz entre los regímenes de seguro de desempleo y los servicios de empleo de todos los países”.
INMACULADA GONZÁLEZ GARCÍA
Profesora Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. Visiting Scholar en la Universidad de Columbia (Nueva York), con la Beca “Ruth Lee Kennedy/Fulbright”. Responsable del Módulo Jean Monnet “Unión Europea y Acción Exterior Europea: América Latina, Europa Oriental y Rusia”, 2014-2017, con Dr. Acosta Sánchez. Investigadora Principal del Proyecto nacional de I+D: “España, Seguridad y Fronteras exteriores europeas en el Área del Estrecho” (DER2015-68174-R) y actualmente IP del Proyecto del Centro de Estudios Andaluces (PRY205/19): “La incidencia del Brexit en la cooperación transfronteriza Gibraltar-Campo de Gibraltar y Andalucía” (2020-2022). Codirectora de la Revista Cuadernos de Gibraltar/Gibraltar Reports.
J. ALEJANDRO DEL VALLE GÁLVEZ.
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, y Cátedra Jean Monnet de Derecho de la UE; es Director del Centro de Excelencia ‘Migration and Human Rights in Europe´s External Borders’, concedido por la Comisión Europea, 2017-2021, y Coordinador del Master Oficial bilingüe “International Relations and Migrations”. Fue Letrado y Jefe del Gabinete del Presidente en el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. Responsable Principal de 4 Proyectos nacionales de I+D y de la AECID continuados (2005-2019) sobre cuestiones jurídico-internacionales del Área del Estrecho, codirige las Revistas Peace & Security - Paix et Sécurité Internationales, y Cuadernos de Gibraltar/Gibraltar Reports.
MIGUEL A. ACOSTA SÁNCHEZ
Licenciado y Doctor por la Universidad de Cádiz, premio extraordinario de doctorado, y Diplomado en Derecho Europeo por el Institut d´Etudes Européennes de la ULB-Bruselas. Es Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Cádiz y profesor visitante en la Universidad de Pisa (Italia). Actualmente es investigador principal del proyecto de I+D “Inmigración marítima, Estrategias de Seguridad y Protección de valores europeos en la región del Estrecho de Gibraltar” (2021-2024). Entre sus líneas de investigación, como miembro del grupo SEJ-572: “Centro de Estudios Internacionales y Europeos del Área del Estrecho - CINTERGIB”, destacan cuestiones sobre mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, asilo y refugio, cooperación policial, Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, Política Común de Seguridad y Defensa, y cooperación y fronteras.
FRANCISCA BERNAL SANTAMARÍA
Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz. Diplomada en Relaciones Laborales, Licenciada en Ciencias del Trabajo y Master de Gestión del Conflicto a través de la Mediación en dicha Universidad. Entre sus líneas de investigación destacan el Derecho Marítimo Laboral, las implicaciones socio-laborales del Brexit, el Big Data y su incidencia en los derechos fundamentales y en los derechos laborales de las personas trabajadoras, y en la protección de los grupos vulnerables (personas con discapacidad y de forma muy específica, las mujeres que sufren violencia de género y/o acoso).
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