Elaborado por los investigadores José Ignacio García Pérez y Alfonso Sánchez Martín, este trabajo explora la relación entre desempleo, jubilación y los programas públicos asociados a estas situaciones laborales (prestaciones por desempleo y pensión de jubilación). Se contribuye, por tanto, a la literatura que trata de ofrecer un mejor entendimiento del comportamiento laboral de trabajadores de edades avanzadas, lo cual tiene especial interés desde que la crisis en el sistema de pensiones es un tema relevante en las economías actuales.
El análisis combina el desarrollo de un nuevo modelo teórico con la exploración detallada de las regularidades empíricas mediante una muestra de trabajadores en base a la Muestra Continua de Vidas Laborales. El modelo es una extensión del modelo estándar de búsqueda de empleo, donde se reproduce el contexto no estacionario al que se enfrentan los trabajadores próximos a la edad de retiro (las circunstancias cambian a medida que aumenta la edad del individuo) y se exploran las interrelaciones entre las prestaciones por desempleo y la pensión de jubilación en dicho contexto donde, además existe incertidumbre.
Por medio de simulaciones, se muestra como las tasas de re-empleo y jubilación de los trabajadores pueden ser racionalizadas como respuestas óptimas a tanto las condiciones del mercado de trabajo como a los incentivos que ofrece el sistema de provisión pública. Unas prestaciones por desempleo generosas (para una duración de hasta dos años) junto con unas penalizaciones por jubilación anticipada altas, hacen óptimo para un amplio grupo de trabajadores permanecer desempleados sin buscar un nuevo empleo a la espera de jubilarse sin penalización a la edad normal de jubilación. Este problema de riesgo moral puede aliviarse sustancialmente a través de un diseño institucional alternativo. De hecho, fijando una penalización por jubilación anticipada de acuerdo a la edad a la que el individuo abandona el empleo (y no a la edad a la que pide la pensión) se obtienen unos resultados mucho más beneficiosos: aumenta la oferta de trabajo a estas edades, se reduce el coste financiero para la Seguridad Social (tanto en prestaciones por desempleo como en gasto en pensiones) y se generan recursos adicionales capaces de compensar, incluso, por la pérdida de bienestar de aquellos trabajadores directamente afectados por la reforma.
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